• Están acusados de desaparición forzada de Alberto Uriel Pérez Cruz, Luis Alberto Morales Santiago y Jesús Alan Ticante Olmedo, ocurrida hace casi cinco años

Por José Martín

Papantla, Ver.- Por quinta vez, la Fiscalía General del Estado (FGE) suspendió la audiencia de reposición de sentencia condenatoria para los ocho ex policías municipales acusados por el delito de desaparición forzada en contra de tres jóvenes, ocurrida hace casi cinco años.

La tarde de este miércoles 7 de enero, el personal de la Ciudad Judicial de Papantla canceló el proceso que se tenía programado para emitir una nueva sentencia contra los ex elementos de la Policía Municipal Preventiva (PMP) por su probable participación en la detención y desaparición de Alberto Uriel Pérez Cruz, Luis Alberto Morales Santiago y Jesús Alan Ticante Olmedo.

La señora Blanca Ninfa Cruz Nájera, madre de Alberto Uriel, declaró que en esta ocasión las autoridades judiciales postergaron la audiencia debido a que la fiscal quinta se enfermó, y la incapacitaron, pero dejaron como encargada a la fiscal segunda, Lugarda Torres Muñoz, sin embargo, se negó a continuar con el procedimiento.

Pero solicitó una prórroga para documentarse y tener acceso al expediente con la intención de ser imparcial en el veredicto final. La audiencia de juicio fue reprogramada para el próximo miércoles 13 de enero a las 10:00 de la mañana.

“La fiscal dijo que no estaba apta para desarrollar el juicio porque no está empapada en el caso. La que tenía que atender hoy, se enfermó ayer y hoy no se presentó”, expuso la mamá de una de las víctimas.

Mientras tanto, los ex policías municipales imputados, Higinio “N”, José Luis “N”, Rufino “N”, Benito “N”, Reyes “N”, Mauro “N”, José Luis “N” y el exinspector de esa corporación Bernardino “N”, fueron regresados a las celdas del Centro de Reinserción Social (Cereso).

Los ocho involucrados son acusados de haber participado en la persecución, detención arbitraria y desaparición forzada de Alberto Uriel, Luis Alberto y Jesús Alan, ocurrida el pasado mes de marzo del año 2016, y que presuntamente fueron entregados a la delincuencia organizada.

En marzo del 2018, la FGE los declaró culpables por el delito de desaparición forzada, y los condenó a 30 años de prisión y les impuso que debían pagar la reparación del daño por 292 mil 160 pesos a los familiares

Pero en noviembre del 2019, la juez de enjuiciamiento del distrito de Papantla ordenó la reposición del proceso, motivado por el recurso de apelación que se interpuso en contra de la sentencia condenatoria.

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