Por José Martín

Poza Rica, Ver.- Un promedio de 19 adultos mayores y tres menores de edad, de origen indígena, habrían sufrido discriminación y maltrato humano por parte de la presidenta y directora del DIF municipal, María de la Luz Straffon y María Magdalena Lara Fuerte, respectivamente, al negarles atención médica oportuna y los apoyos obtenidos con recursos públicos del gobierno federal y estatal.

Testigos refieren que, durante la jornada de entrega de auxiliares auditivos, lentes de armazón y aparatos de movilidad, ambas servidoras públicas y la coordinadora Dulce María González Calderón se negaron a atender y hasta recriminaron la presencia de personas de otros municipios de la zona norte de Veracruz que también fueron inscritas en el programa de beneficencia médica federal donde coadyuva el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud (SS) de Veracruz. 

La jornada se realizó en la explanada del ayuntamiento de la ciudad, donde además de los vecinos de Poza Rica, arribaron 7 beneficiarios de Tihuatlán, 11 de Tancoco y 4 de Zozocolco, entre ellos adultos de entre 78 años de edad y niños con edades de 8, a quienes, en principio, les negaron la atención argumentando que los apoyos serían primeramente para los habitantes locales, por lo que a los foráneos les programaron su turno hasta ya de madrugada del siguiente día, entre 01:00  a 3:00 de la mañana.

Las actividades comenzaron desde el pasado 25 al 27 de marzo frente al Palacio Municipal, y en la pérgola del parque Benito Juárez, donde concluyó a las 11:40 de este sábado. En total distribuyeron 2 mil 500 apoyos, gestionados ante las autoridades federales y estatales; el municipio sólo coordinó y habilitó la sede del evento. 

Incluso la subdirectora de patrimonio del gobierno estatal, María del Carmen Galindo Ramos fue testigo del comportamiento y la mala voluntad ejercida por la presidenta y directora del DIF de Poza Rica, María de la Luz Straffon y María Magdalena Lara Fuerte, así como sus colaboradores Dulce María González Calderón y Juan Irving León Gallardo. 

Las personas que presenciaron estos hechos lamentaron que estos servidores públicos de la ciudad traten así a los adultos mayores y menores de edad que sólo acudieron a recibir el apoyo que requieren para mejorar sus condiciones de vida que les otorgaron desde el gobierno estatal y federal.

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