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Periodistas exigen destitución de directora de comunicación social

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Por José Martín

Poza Rica, Ver.- La comunicadora Lidia Alejandra López Castañeda interpuso otra denuncia ante la Contraloría Municipal en contra de la directora municipal de Comunicación Social, Beatriz Bonilla Herrera por omisión a los actos de violencia y discriminación que recibió por parte del hijo del alcalde, Francisco Javier Velázquez Vallejo.

La tarde de este jueves 09 de julio, la periodista formalizó su queja en contra de la servidora pública por “desatender” y mostrar indiferencia sobre el caso de la agresión cibernética, el acoso y violencia de género de la que fue víctima desde el domingo pasado por parte del académico universitario, Francisco Javier Velázquez Straffon, hijo del presidente municipal de Poza Rica.

En documento también firmaron otros ocho reporteros y fotógrafos como respaldo de la inconformidad que existe en gremio en contra de la trabajadora de confianza.

López Castañeda indicó que por ley que regula la comunicación social, la directora municipal debería atender o mostrar apoyo moral hacia quien labora en empresas periodísticas de la ciudad y hasta del propio estado de Veracruz.

Durante la entrevista, exhortó a los integrantes del cabildo de Poza Rica para que realicen lo “pertinente”, exigir la destitución de Beatriz Bonilla Herrera, ya que desde hace dos años, por medio de cuentas falsas de redes sociales, han orquestado una campaña de desprestigio y discriminación en contra de reporteros que publican las irregularidades de la administración municipal que es encabezada por el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Hasta este jueves, sólo la directora del Instituto Municipal de la Mujer (IMM), Norma Arango le ofreció apoyo moral, jurídico y psicológicamente para proceder legalmente en contra del agresor. El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que también promueve la protección a la mujer, no ha actuado, ni mostrado interés por defender a la periodista.

El domingo pasado, Lidia López, como firma en sus notas, criticó desde su cuenta personal de facebook, el fallecimiento del tercer servidor público presuntamente por contagio de la pandemia del covid-19.

Unas horas después, también por las redes sociales, Francisco Javier Velázquez Straffon respondió, con calificativos y palabras ofensivas a la periodista por exhibir al gobierno municipal que encabeza su padre, Francisco Javier Velázquez Vallejo.

Beatriz Bonilla, la piedra en el zapato

El pasado 20 de marzo de este año, el regidor comisionado en Tránsito y Vialidad, Eloy Núñez León, también de Morena, denunció ante la Controlaría Municipal a Beatriz Bonilla Herrera por presuntas agresiones y coartar la libertad de expresión de varios periodistas de la ciudad.

En el documento, marcados con los números de oficio TOA-145-2020, el edil exigió una investigación y se le determine una responsabilidad a la servidora pública, Beatriz, quien es hermana de la actual diputada federal, Raquel Bonilla Herrera.

En el contexto de la queja, describió que el 5 de marzo, durante el programa de “Jueves de Puertas Abiertas”, Beatriz Bonilla Herrera agredió y obstaculizó la labor de al menos cuatro reporteros que cubrían una protesta de unos ciudadanos que exigían mayor apoyo para jóvenes deportistas.

Pero a casi cuatro meses de estos hechos, la Controlaría Municipal a cargo de José Manuel Lugo Dauzón no ha emitido, o al menos no ha exhibido públicamente si es que hubo alguna sanción en contra de la directora de comunicación social del ayuntamiento.

En contra parte, durante el 2018, el primer año de gobierno de Morena en Poza Rica, varios otros comunicadores fueron víctimas de acoso y hostigamiento, entre otras situaciones como el caso de las reporteras Jazmín Morales, Mario Noriega, María Elena Mancilla y María Elena Ferral, ésta última asesinada a balazos a finales de marzo de este año.

En esa reunión, frente al alcalde Francisco Javier Velázquez se le expuso que todos los integrantes del departamento de comunicación social, fotografiaban a los trabajadores de los medios de comunicación que criticaban las irregularidades del gobierno local.

Lidia López también recordó el caso del reportero Fernando Barrientos que fue exhibido, por redes sociales, en la página oficial del Ayuntamiento por haber entrevistado a una persona con discapacidad y de la tercera edad que se inconformó porque no fue bien atendida por los trabajadores de confianza de la actual administración.

“Eso lo utilizaron como un sarcasmo prácticamente en contra del compañero Fernando Barrientos, que cumplió con su función de informar a la sociedad de lo que ocurría con la señora que pedía apoyos. No es posible que comunicación social genere un video en las redes sociales del gobierno de Poza Rica y todavía envíen un boletín para que los periódicos exhibieran a Fernando Barrientos como una persona dedicada al amarillismo porque finalmente las propias autoridades reconocieron que la adulta mayor no recibía apoyos a pesar de que ya lo había solicitado, pero se lo habían negado”, expresó.

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Melanie, fue “levantada” a una cuadra de la fiscalía de Tuxpan

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– Se cumplió un año de la desaparición de la joven que anhelaba prestar sus servicios profesionales en la fiscalía

Redacción

Tuxpan, Ver.- “Oye mamá, vine a la Fiscalía y ya entregué unos papeles, pero me están pidiendo unas fotos, estoy en la farmacia Guadalajara, pero creo que aquí no me las pueden sacar”, son las palabras que una madre tiene grabado en su memoria de la última conversación telefónica que tuvo con su hija segundos antes de ser “levantada” y desaparecida por un grupo armado, justo a una cuadra de la Fiscalía Regional Norte Tuxpan – Poza Rica.

Se trata de Melanie Nikol Vargas Ramírez, una joven de 22 años que fue privada de su libertad mientras buscaba dónde tomarse unas fotografías para completar su expediente que debía entregar para poder prestar sus servicios profesionales en la Fiscalía General del Estado (FGE) con sede en Tuxpan.

La chica estaba por terminar su carrera de la Licenciatura en Criminología y Criminalística. Anhelaba integrarse a la Fiscalía Regional Norte Tuxpan – Poza Rica, ubicada sobre la avenida Manuel Maples Arce en la colonia Adolfo Ruiz Cortines.

Justo hace un año, un 18 de febrero del 2025, Melanie Nikol, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, salió de las oficinas de la FGE, acompañada de su novio. Montados en sus bicicletas, la pareja llegó a la farmacia Guadalajara, ubicada a una cuadra de la fiscalía, narra su madre Yesenia Carolina Ramírez Galaviz.

Pero los trabajadores de la sucursal le habrían dicho que las fotos que necesitaba no se las podían tomar porque no tenían ese servicio. Por lo que la joven salió de la tienda para comentarle a novio quien lo esperaba en el estacionamiento mientras cuidada las bicicletas.

El joven regresó a la farmacia para insistir en que les ayudaran con las fotografías. Pero le respondieron lo mismo, pero, al salir, vio cómo dos hombres subían a la fuerza a Melanie Nikol a una camioneta mientras ella gritaba aterrorizada, y cuestionando por qué se la llevaban si no andaban haciendo nada malo.

Su novio – comenta la señora Yesenia – narra que corrió para tratar de ayudar a la joven, pero el conductor del vehículo salió apuntándole con un arma. El chico quedó paralizado tras escuchar la advertencia de que le dispararían si daba un paso más.

Tras subirla a la unidad, los sujetos huyeron con rumbo desconocido.

Ese día, Yesenia Carolina Ramírez le pidió a su hija que regresara a casa, y que, por la tarde, la llevaría a un estudio fotográfico en el centro de la ciudad para conseguir las fotos y al día siguiente las entregaría en la Fiscalía.

Pero no ocurrió así. Han pasado 365 días desde la última vez que fue vista la joven Melanie Nikol Vargas Ramírez. Sus fichas de búsqueda continúan en la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV) y la FGE, mientras tanto, sus familiares viven en un calvario al no saber nada del paradero de la joven.

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Detienen a 13 personas en cateos realizados en Emiliano Zapata

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– Les aseguraron objetos ilegales

Emiliano Zapata, Ver.- La Fiscalía General del Estado informa que, fiscales, peritos y policías ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional Xalapa, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en cumplimiento a una orden judicial, llevaron a cabo una diligencia de cateo al interior de dos inmuebles ubicados en la colonia La Estanzuela, del municipio de Emiliano Zapata.

En dicho operativo se detuvo en flagrancia a Eduardo “N”, Iraní Itzel “N”, Guadalupe “N”, Nayeli “N”, Eduardo “N”, Joel “N”, Roberto “N”, Guadalupe “N”, Gerardo “N”, Gamaliel “N”, Andrés Roberto “N”, Mariana “N” y Ximena Sinaí “N”.

Durante el desarrollo del cateo, se localizaron diversos indicios que serán integrados a la carpeta de investigación, tales como: computadoras, teléfonos celulares, una chamarra con una insignia alusiva a una corporación policial, identificaciones, tabletas electrónicas, hierba verde seca con características similares a las de la marihuana, armas de fuego, casquillos balísticos, pipas, encendedores, básculas grameras, una carretilla de carga y motocicletas.

Respetando sus derechos humanos y el debido proceso, los detenidos serán puestos a disposición en el término constitucional ante el órgano jurisdiccional correspondiente para determinar su situación jurídica.

 

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Imparables los robos en alrededores de la Academia de Policía

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– Reportan robos en casas vecinas de la Academia de Policía en El Lencero

Redacción /EntrePalabras

Emiliano Zapata, Ver.-Habitantes de la localidad de El Lencero, en el municipio de Emiliano Zapata, alertaron sobre un aumento en los robos a casa habitación, incluso en áreas ubicadas a pocos metros del Centro de Estudios e Investigación en Seguridad (CEIS), conocido como la Academia de Policía, situación que ha generado inquietud y molestia entre la población.

Uno de los incidentes más recientes se registró el jueves 22 de enero, en un lapso comprendido entre las 17:30 y las 20:00 horas, cuando personas desconocidas irrumpieron en una vivienda localizada en una privada que conecta con la calle Primero de Mayo, muy cerca de las caballerizas de la Policía Estatal.

De acuerdo con el relato de los afectados, los delincuentes dañaron la malla que rodea el predio y utilizaron objetos como piedras y polines para ingresar al inmueble.

Una vez dentro, forzaron ventanas y seguros para apoderarse de diversos bienes de valor.

Los artículos robados

Entre los artículos sustraídos se reportan una televisión, una consola Xbox Series S, una bocina de la marca Bose, un arco deportivo, herramientas, joyería, perfumes, ropa, calzado, dinero en efectivo, audífonos y una batería portátil, entre otros objetos.

Tras el robo, los propietarios localizaron huellas de calzado que no corresponden a los habitantes del domicilio, evidencias que ya fueron registradas como parte del caso.

Una de las vecinas señaló que las pisadas corresponden a una marca específica como Under Armour, lo que ha despertado sospechas sobre personas que viven en la zona por donde presuntamente se realizó la extracción de los objetos.

Los casos no son aislados

A través de redes vecinales, los afectados solicitaron el apoyo de la comunidad para identificar movimientos inusuales, vehículos sospechosos o a personas que porten o intenten vender artículos similares a los robados, señalando que cualquier dato, por mínimo que parezca, podría resultar clave.

La cercanía del inmueble con instalaciones policiales ha generado cuestionamientos entre los residentes, quienes consideran alarmante que este tipo de delitos ocurra en un perímetro que debería contar con vigilancia constante.

Vecinos advirtieron que el robo no es un caso aislado y aseguraron que en semanas recientes se han presentado hechos similares en viviendas cercanas, por lo que demandaron a las autoridades estatales y municipales un reforzamiento inmediato de los patrullajes y de las estrategias de prevención del delito en El Lencero, zona colindante con la ciudad de Xalapa.

La reiteración de estos incidentes ha encendido las alertas entre los pobladores, quienes exigen acciones concretas para frenar la inseguridad y garantizar la protección de las familias del sector.

 

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