Por José Martín
Poza Rica, Ver.- Las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) se abstuvieron a formular las denuncias que pretendían interponer los ex elementos de la Policía Intermunicipal Poza Rica – Tihuatlán – Coatzintla (PIPTC) para exigir justicia por el caso de la falsificación de sus firmas y los cobros de unos cheques que les correspondía como su finiquito.
En días pasados un promedio de 40 ex policías se presentaron en la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ) de la FGE de Poza Rica con la intención de proceder penalmente en contra de los actuales responsables de la SSP de Veracruz por omisión en la “desaparición” de más de 9 millones de pesos que fueron cobrados en la administración del ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa, los cuales correspondían a las indemnizaciones del personal de la extinta PIPTC.
Pero al llegar y dialogar con la fiscal del séptimo distrito de la UIPJ, Yaisa Elena Hernández Reyes y la fiscal cuarta, Suemy Rodríguez Herrera, respondieron que, por exceso de trabajo, sólo podían atender a diez ex elementos policiacos como máximo, ya que no les daría tiempo terminar con la elaboración de las denuncias de todos los que acudieron a la FGE, ubicada en la colonia Morelos.
Pero como recomendación, las funcionarias sugirieron que el comité del grupo debía presentarse en Xalapa para interponer una sola denuncia colectiva del caso, respaldado con las firmas de todos los ex empleados de la Policía Intermunicipal Poza Rica – Tihuatlán – Coatzintla, para que desde la FGE se integrara un solo expediente, y que posteriormente les harían rectificar las acusaciones en los distritos judiciales que les corresponde el municipio donde radican.
Los ex policías aceptaron la sugerencia de los representantes de la UIPJ de esta ciudad, por lo que la próxima semana se presentarán en la capital del Estado con la intención de proceder en contra de los encargados de recursos humanos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz por no denunciar ante la Fiscalía General del Estado, los desvíos de recursos y las transferencias financieras que realizaron durante la administración del ex gobernador, Javier Duarte de Ochoa, los cuales correspondían a las indemnizaciones de la PIPTC.
Antes de presentarse a la FGE de Poza Rica, el representante de un grupo de más de 100 ex trabajadores de la extinta Policía Intermunicipal, Adder Óscar Juárez Téllez declaró que tan sólo en su agrupación les “desaparecieron” más de 9 millones de pesos que fueron cobrados por los entonces colaboradores del gobierno estatal priista, con firmas falsificadas de los ex agentes policiacos de seguridad pública.
Incluso la propia jefa de recursos humanos de la SSP, Noemí Liliana Lozada Hernández, hace dos meses aproximadamente, reconoció que las firmas en los cheques eran apócrifos, pero aun así las cobraron, sin embargo, el caso jamás fue denunciado ante la FGE de Veracruz para investigar y sancionar a los responsables de estos delitos.