• Resistencia Veracruzana acusó que son parte de las irregularidades que han detectado en los agentes viales, mientras que los policías detienen arbitrariamente

Por José Martín

Poza Rica, Ver.- Los agentes de tránsito de Poza Rica piden “mochadas” de hasta 2 mil pesos, mientras que los Policías Estatales detienen a cualquier persona sólo por estar mal vestido o por discriminación; al final, los familiares de los detenidos tienen que pagar hasta 10 mil pesos para liberarlos, aseguró el coordinador del grupo Resistencia Veracruzana, Facundo San Juan Hernández.

Son parte de las irregularidades que esta organización civil ha detectado presuntamente durante los operativos de la delegación de Tránsito del Estado y los retenes que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) instala en los accesos de entrada y salida a Poza Rica.

“Hay mucha corrupción en tránsito… Ya no te infraccionan, te piden dinero, van desde los 500 pesos hasta 2 mil pesos”, indicó Facundo San Juan al condenar las malas conductas y prácticas por parte de los oficiales que atentan contra los ciudadanos.

“Mientras que en los policías estatales hemos visto que ya nomas levantan al ciudadano por una discriminación, que vaya mal vestido, que vaya de su trabajo, ya no le hacen la causa de molestia, la fragancia… lo agarran como un delincuente, lo agarran, golpean, lo esculcan, y va para arriba de la camioneta y al rato, la familia ya está pagando una fuerte cantidad de dinero”, expuso.

En tanto, el vocero de Resistencia Veracruzana, Alan García refirió que esta organización civil pretende erradicar la corrupción en las corporaciones viales y de seguridad, entre ellas, la instalación de los retenes al que calificó como anticonstitucionales, y actos de molestia que carecen de fundamentos legales.

Recalcó que no están en contra de que se realicen los actos preventivos para garantizar la tranquilidad de las familias, sino de las malas prácticas que incurren los policías, entre ellos, usurpar funciones de las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE).

También reiteró que el grupo de activistas no son solapadores de infractores, si un ciudadano comete una infracción, tiene que pagarla. El movimiento es en contra de las “mochadas” a los servidores públicos.