Por José Martín
Poza Rica, Ver.- Con la ley de privatización de los residuos, varios estados del país ya concesionaron el servicio de recolección de basura, situación que pone en riesgo los empleos de 2 millones 500 mil personas, alertó el presidente de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores (Conimer), Francisco Uriostegui Pineda.
Dijo que los Ayuntamientos entregaron las concesiones con contratos millonarios a un determinado número de empresas que prometen un correcto destino final de los desechos sólidos urbanos, pero señaló que sólo causan una mayor contaminación ambiental debido que operan con basureros a cielo abierto y con escurrimientos de lixiviados.
Las entidades federativas donde concesionaron el servicio de limpia pública son Estado de México, Puebla, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí y Nayarit, por mencionar algunas. La empresa Promotora Ambiental (Pasa) y otras compañías son las más beneficiadas con esta ley de residuos sólidos en favor de la participación de empresas privadas en el sector del reciclaje, hecho por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
«Ellos contaminan mucho. El trato que le dan a los lixiviados es a cielo abierto, y eso está prohibido según el tratado en París 2017, dónde cae la laguna de lixiviados no tiene membranas, y eso contamina los mantos acuíferos, y la basura la revuelven, no les importa mezclar lo orgánico con lo inorgánico», expuso el representante de esta organización durante su visita a Poza Rica.
«Tan solo en el Estado México son 32 empresas lo que recibirían estos contratos millonarios, y si se da en los 2 mil 500 municipios del país, las empresas tendrán jugosas ganancias», refirió el presidente de la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores al reunirse con los pepenadores y Recicladores de la zona norte de Veracruz.
Ante esa situación, el dirigente nacional de Conimer afirmó que interpondrán amparos federales en 28 estados de la República Mexicana para «tumbar» la iniciativa o en su caso, modificarla con la intención de que el gobierno incluya a los trabajadores que se dedican al reciclaje y la separación de la basura, ya que de continuar, la reforma quitará el empleo al sector obrero.
