- A 52 familias que pagaron casi 100 mil pesos a cambio de la construcción de casas subsidiadas por el gobierno federal: casi tres años después, les prometieron devolverles su dinero
Por José Martín
Papantla, Ver.- Un total de 52 familias de la comunidad Reforma Escolin fueron defraudadas por los coordinadores del Programa Nacional Emergente de Vivienda de la zona norte de Veracruz; casi tres años después les “prometieron” devolverles su dinero tras no concretarse los apoyos.
Los afectados, durante una asamblea realizada en la Sub agencia Municipal, reprocharon que, en agosto del año 2020, pagaron casi 100 mil pesos a cambio de la construcción de casas nuevas en sus predios.
Incluso – afirmaron – algunos pagaron otros 5 mil pesos para construir un terraplén y acondicionar sus terrenos porque les aseguraron que, en menos de tres meses, les construirían sus hogares. Otros más se endeudaron para comprar lotes y recibir el beneficio.
Pero para ser acreedores del beneficio, les solicitaron aportar mil 500 pesos y otros 200 pesos más para inscribirlos al Programa Nacional Emergente de Vivienda 2017-2018. Hasta planos les entregaron para convencerlos de cómo les entregarían sus casas.
Molestos, recordaron que la aportación lo realizaron en pagos y en efectivo; el dinero lo recibió una persona al que sólo identifican como Javier, sin embargo, jamás les entregó algún documento que compruebe sus respectivas cuotas, excepto los 200 pesos que les exigieron para el trámite de registro y gastos de gestión, el cual contiene el logotipo de la asociación civil “Ayudando a los Jóvenes de Hoy”.
Tras casi tres años de espera, los habitantes de la localidad han exigido la devolución de sus recursos económicos, sin embargo, el licenciado Javier les prometió, primero que, a partir del 15 de diciembre del 2022 les rembolsaría sus respectivas cuotas, pero incumplió. Después les digo que, sin falta, el 28 de ese mismo mes les pagaría, pero hasta la fecha no les ha resuelto.
Por esa situación, las familias citaron a comparecer en la Sub agencia Municipal a la delegada estatal del Programa Nacional Emergente de Vivienda, Yadira Barrios Galindo para exigirles su dinero.
Ante los reclamos y las exigencias de la devolución de los recursos financieros, Barrios Galindo intentó convencer a los habitantes para que continuaran con los trámites, asegurándoles que todo tiene un proceso y que depende de la Dirección General del Programa, además, para la zona norte de Veracruz, les recalcó que el proyecto se encuentra en la etapa de certificaciones de cada beneficiario y hasta de la entrega de materiales para la construcción de las viviendas, pero ahora bajo las reglas de operación del Programa Nacional de Vivienda (Pronavin).
Pero los “beneficiarios” no le creyeron, sólo le reprocharon las falsas promesas que hicieron, desde que recibirían, en menos de tres meses, las casas nuevas y con costos accesibles, así como las constantes fechas para devolverles sus aportaciones económicas. Exigieron su dinero y que las dieran de baja del sistema. Ya no quieren los “apoyos”.
Sin embargo, la presunta delegada estatal del Programa Nacional Emergente de Vivienda, Yadira Barrios Galindo les afirmó que, no existe problema alguno para reintegrarles sus aportaciones, pero les solicitó conformar un comité, integrado por cinco beneficiarios, para reunirse y notificarle personalmente al supuesto coordinador nacional de Pronavin, Sotero Mendoza Martínez quien recorrerá la zona de Poza Rica. A lo que, los habitantes de Reforma Escolín se negaron al argumentar que el dinero debe devolvérseles en el mismo sitio donde pagaron: la Sub Agencia Municipal.
Por tal motivo, Barrios Galindo les aclaró que para efectuar la devolución de los recursos económicos también deberán esperar los procesos internos del programa, pues alegó que no está facultada para esas “situaciones”.
Finalmente, al término de la asamblea, los habitantes y Yadira Barrios Galindo firmaron un acta con el que ratifican que efectuaron la reunión general para solicitar su baja, en tanto, ella se comprometió a iniciar con los trámites para darlos de baja y devolverles el dinero que pagaron por la construcción de viviendas subsidiadas por el gobierno federal.
