Por José Martín
Papantla, Ver.- Un edificio del Barrio del Naranjo se encuentra en disputa entre los dirigentes de la Confederación Nacional Campesina (CNC) y una escuela, presuntamente adherida a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
El abogado y asesor de Ligas de Comunidades Agrarias del comité regional de la CNC, Isidro Cristóbal declaró que cuatro maestros que, supuestamente imparten clases de educación especial, se niegan a desocupar y entregar la segunda planta del inmueble que les prestaron de manera provisional desde hace 17 años.
Esa situación ha generado inconformidad entre los agremiados cenecistas quienes en repetidas ocasiones han exhortado a los profesores a desalojar las instalaciones que le pertenecen a los socios de la Confederación Nacional Campesina de varios municipios de la zona norte del estado.
Isidro Cristóbal indicó que en 2003, el entonces regidor Antonio Ferrer y el licenciado Alejandro Cabada son los que autorizaron que los docentes utilizaran la segunda planta del edificio en apoyo a los alumnos de educación especial. No existen documentos o firmas que comprueben bajo qué términos concedieron esos espacios. Tampoco contribuyen en los gastos de los servicios públicos.
En contra parte – agregó el litigante – la CNC posee las escrituras del terreno que comprueban que ellos son los legítimos dueños del edificio, localizado entre las calle Rodolfo Curti y Mariano Abasolo en el Barrio del Naranjo.
El abogado recordó que la segunda planta del inmueble fue construido para habilitar un albergue, con 40 catres y bancas, en beneficio de los campesinos de las comunidades que, en situaciones de emergencias médicas o sus hijos que estudiaban, pudiesen llegar a pernoctar.
Actualmente el área presenta deterioros en el techado, las láminas están “parchadas” de las goteras que presentan, las paredes carecen de pinturas y desde hace siete meses, los maestros no acuden a realizar limpieza en ese espacio.
Por esa situación, los representantes de la Confederación Nacional Campesina esperan que próximamente les liberen el espacio, de lo contrario, planean convocar una asamblea en donde asistan los comisariados ejidales de los municipios de la región para que desalojen al inmueble y hasta contemplan interponer una denuncia penal por allanamiento de una propiedad privada.