Por José Martín
Papantla, Ver.- Durante el aislamiento social, provocada por la pandemia del Covid-19, incrementó hasta un 20 por ciento las demandas de divorcios y han ocurrido despidos injustificados “disfrazados” en contra de varios trabajadores, aseguró el presidente del bufete jurídico Castillo y Rosales, Luis Eugenio Castillo Santes.
Actualmente de cada 10 matrimonios dos enfrentan conflictos y hasta han llegado a los juzgados civiles para proceder legalmente con la separación de la pareja. Pero a pesar de la alta demanda de este servicio, los tribunales de lo familiar sólo reciben las solicitudes de pensiones alimenticias y custodia de menores.
A pesar del incremento de divorcios y despidos de personal de varios negocios, el abogado lamentó que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV) mantenga suspendidos los servicios en los juzgados, y que violente los derechos humanos de las personas.
“Y todavía el personal no está trabajando al 100 por ciento, sólo hay guardias, son dos personas que atienden, y entonces hay un atraso de expedientes que vulnera los derechos humanos de los particulares”, expuso el litigante.
Otra problemática social que ha provocado el coronavirus son los despidos injustificados “disfrazados” debido a que los empresarios, justificándose de la inactividad comercial, ordenen a sus empleados “resguardarse” en sus casas, pero han incumplido con los pagos de salarios y en otros casos sólo remuneran a su personal con el 50 por ciento.
“Pero esa situación es un despido disfrazado. No te dicen que estás despedido de manera directa, pero el hecho de que no te paguen tus salarios te están despidiendo. Un problema de salud está generado problemas laborales”.
Mientras que los asuntos penales, en el Juzgado de Control, están suspendidas todas las audiencias en trámite a excepción de cuando ejecutan una orden de aprehensión o cuando hay un delito en fragancia la Fiscalía General del Estado (FGE) consigna al detenido ante un juez, y sólo en esos casos hay atención.
Las Unidades Integrales de Procuración de Justicia (UIPJ) reciben las denuncias, en algunas avanzan con los expedientes, pero la mayoría de las carpetas de investigación están paralizadas debido a que sólo labora un fiscal de los tres que existen.
La suspensión de las actividades y los servicios en la FGE y el TSJEV son por las restricciones sanitarias impuestas por la Secretaría de Salud (SS) para evitar más contagios y muertes de personas por la pandemia del Covid-19.
El representante del bufete jurídico Castillo y Rosales lamentó que en la entidad no exista la impartición de justicia de manera pronta y expedita como el caso de otros estados del centro del país donde los juicios los resuelven de manera virtual.
