Atentan contra la salud de niños discapacitados y enfermos

0
27
  • Dilatan la atención médica de los empleados municipales. Sus hijos, enfermos o discapacitados, les cancelaron los servicios médicos y las medicinas de patente
  • Es inhumano, deplorable y violatorio a los derechos humanos, acusó el líder sindical

Por José Martín

Coatzintla, Ver.- Desde hace cinco meses, los hijos de los empleados municipales “despedidos”, les suspendieron los servicios médicos, mientras que a los trabajadores activos les regatean la atención clínica y retardan el suministro de sus medicinas y análisis.

Los obreros adheridos al Sindicato de Empleados Municipales “Mártires del Río Blanco” acusaron que además de dejarlos sin empleo, el alcalde César Ulises García Vázquez también atenta contra la salud del personal, sus hijos, algunos enfermos y otros con discapacidad.

Es el caso del pequeño Juan, de sólo 8 años de edad, quien requiere ser atendido por un cardiólogo para tratar un padecimiento que le causa color morado la piel, los ojos, párpados y las uñas. Sus padres no tienen dinero para pagarle a un especialista privado.

Su papá, Tomás Garcés Cruz trabajaba en el área de panteones. Pero el 3 de enero del 2022 fue despedido por presuntamente ser uno de los “operadores” políticos de la ex alcaldesa, Patricia Cruz Matheis, del PRD, partido donde militó y ganó la presidencia municipal por dos ocasiones, el actual alcalde, ahora de Morena.

Otro caso es el de la señora Blanca Lucero Maldonado, quien padece de tiroides. Desde el 20 de abril, espera la autorización de los funcionarios locales para que le surtan sus medicinas con las que trata su enfermedad.

Pero por el retraso del trámite, “perdió” su consulta que le tenían programada para el 17 de mayo pasado, y una orden de análisis generales. Desde entonces, se ha presentado en cuatro ocasiones ante los servidores públicos para solicitar informes de su gestión, pero sólo le responden que la documentación está incompleta, o que la síndica no ha “bajado” la documentación que certifique la necesidad médica.

Una semana después, al acudir nuevamente en el Palacio Municipal, le argumentaron que sus fármacos no estaban surtidos porque el alcalde no las había autorizado.

Pero ahora, en la secretaria del ayuntamiento le argumentaron que, para la autorización, su líder sindical tiene que acercarse con García Vázquez.

Al respecto, el secretario general del sindicato de empleados municipales “Mártires del Río Blanco”, Enrique Ramírez López indicó que los más perjudicados son los hijos de los trabajadores que tienen discapacidades, ya que además de las atenciones médicas, también requieren de medicamentos de control.

Pero la actual administración, sólo les aprueba comprar medicinas similares.

Son tres casos de menores de edad y un joven que tienen capacidades diferentes, requieren atención de control y con medicamentos de patente. En las mismas condiciones tratan a los sindicalizados que ya pertenecen a la tercera edad y con enfermedades crónico degenerativas. “Está jugando con la salud de nuestros compañeros”, refutó.

Pero también mencionó que el alcalde, César Ulises García, viola los estatutos del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) al cancelarles los servicios clínicos de un hospital particular, ubicado en Poza Rica, como lo establecieron dentro de las cláusulas laborales.

Incluso – agregó – a los obreros activos, durante una emergencia, los canalizan en el centro de salud del fraccionamiento Olmecas. Pero primero, la tesorera les debe autorizar el pase de atención, después el alcalde debe firmarlo, y nuevamente regresar a la tesorería.

Cuando les dan la autorización médica, los empleados deben correr con suerte para encontrar al doctor de esa clínica, ya que frecuentemente se ausenta del consultorio. Y una vez atendidos, deben esperar a que el presidente municipal les firme el permiso y que la tesorera apruebe para la adquisición y suministro de los medicamentos. Todo este trámite se demora hasta una semana.

Para el caso de los análisis clínicos, se prolongan hasta un mes. “Es muy deplorable, inhumana y violatoria de los derechos humanos”, reprochó el dirigente, Enrique Ramírez López al recalcar que, dentro de su CCT, estipula que deben recibir atención médica y medicinas en el hospital “San José”.