Por José Martín
Poza Rica, Ver.- El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) ordenó al Ayuntamiento proporcionar toda la información de los servicios públicos municipales que ha concesionado con empresas privadas.
A través del expediente IVAI-REV/580/2019/II, dictado el pasado 11 de diciembre del 2019, el órgano estatal estableció que la administración actual debe proporcionar los documentos de los procesos de asignación, las actas de cabildo, los contratos y anexos de las concesiones de los parquímetros el alumbrado y la limpia pública.
El presidente de la asociación civil Poza Rica 2040, Carlos Asdrúbal Pantoja de la Cruz lamentó que el gobierno municipal, dirigido por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se niegue a proporcionar las respectivas documentaciones con argumentos de que los acuerdos fueron hechas por administraciones pasadas (2008), y que las autoridades actuales no poseen los oficios correspondientes.
Sin embargo, el IVAI emitió la resolución con el que obliga al Ayuntamiento a entregar toda la información relativa a las concesiones de los servicios municipales como el caso de la recolección de la basura que está asignado a la empresa Promotora Ambiental de la Laguna (Pasa) y los estacionamientos de las calles que está en manos de la compañía Sistemas de Monitoreo Vial (SM Vial).
De igual forma, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información exhortó a las autoridades locales a transparentar el contrato de Asociación Público – Privado (APP) que celebró con la empresa NL Technologies para el manejo de las 14 luminarias del alumbrado público de Poza Rica, así como la “donación” de 100 cámaras de videovigilancia con la intención de contribuir al combate a la inseguridad.
Con el edicto del IVAI, el gobierno de Morena tiene hasta el próximo 11 de enero del 2020 para entregar toda la información solicitada por la asociación Poza Rica 2040. En caso de incumplir, el municipio será acreedor a una multa de 150 o hasta mil 500 Unidades de Medida de Actualización (UMA), e incluso el caso podría generar denuncias penales en contra de los funcionarios municipales de conformidad a los artículos 252, 253 y 254 de la Ley 875 de Transparencia.
