Por José Martín
Poza Rica, Ver.- Más de 300 familias están perjudicadas por la suspensión temporal de la construcción de una sucursal comercial que la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) clausuró por carecer un permiso para el retiro y destino final de material pétreo que contiene combustible.
El secretario de trabajo de los transportistas adheridos a la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), José Isauro Ramírez Nieto declaró que la interrupción de la obra ha generado pérdidas económicas incalculables y hasta despidos del 80 por ciento de los trabajadores.
Las maniobras fueron canceladas el pasado 13 de octubre cuando inspectores de la PMA arribaron en el predio donde las maquinarias demolían unos antiguos edificios, e iniciaban con las excavaciones para “desenterrar” los cimientos estructurales que seguían en pie.
El representante de la CROM explicó que los obreros hallaron materiales contaminados de gasolina o diésel que permanecían enterradas en un área del predio que hace 20 años fue utilizado como un pozo de visita de una gasolinera, y que quedó descubierto mientras derrumbaban las antiguas instalaciones.
Tras esa situación, los representantes de la procuraduría clausuraron el proyecto cuyo costo rebasa los 50 millones de pesos, además, exigen que la empresa que construye tramite un permiso adicional para la extracción, el traslado y destino final de la grava que contiene combustible.
Pero esa situación ha provocado que unos 20 conductores de camiones se queden sin empleos, además, anteriormente eran 50 trabajadores, aparte de que tenían contemplado contratar por lo menos 10 obreros de la construcción, haciendo un total de 300 familias perjudicadas por la suspensión de la edificación de otra tienda “Coppel”.
Además de los empleos, la clausura interrumpe pagos de impuestos ante el Infonavit e IMSS por parte de los asalariados, fondo de ahorro, el tres por ciento a la nómina, y así como los pagos de fin de año como aguinaldos y otras gratificaciones para el personal.
