Plantean que policías comunitarios tengan facultades de detener personas

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  • La iniciativa consiste en capacitar a los más de 200 policías comunitarios para profesionalizarlos sobre las normativas

Por José Martín

Tihuatlán, Ver.- Ante la falta de más personal en la Policía Municipal Preventiva (PMP), el ayuntamiento propondrá al Congreso del Estado, capacitar a los policías comunitarios para facultarlos a realizar detenciones ciudadanas en fragancia, mientras arriban las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

El director municipal de policía y prevención del delito, Alejandro Villegas Viveros declaró que la propuesta, primeramente, será presentada ante los integrantes del cabildo de Tihuatlán, y después será enviada a la Cámara de Diputados de Veracruz.

La iniciativa consiste en capacitar a los más de 200 policías comunitarios para profesionalizarlos sobre las normativas a ejercer detenciones ciudadanas en fragancia, de acuerdo a los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

“Ya tenemos el formato donde ellos van a poder hacer las detenciones en fragancia, como lo estable la ley constitucional del Código Nacional de Procedimientos Penales e inmediatamente llegan la policía y ellos se harán cargo de la situación”, expuso.

Actualmente Tihuatlán dispone de 49 elementos estatales de la SSP y 17 policías municipales con una población de más de 100 mil habitantes. El servidor público recordó que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el municipio debería contar con más de 100 uniformados policiacos para cumplir con la vigilancia en las colonias y las 84 zonas rurales del municipio.

La propuesta sería presentada este año, para que, a partir del 2023, los más de 200 elementos comunitarios sean policías auxiliares en seguridad comunitaria de las localidades de Tihuatlán.

Las declaraciones las realizó durante la capacitación que impartieron para un total de 26 elementos en materia de policía homologado, al CNPP y el llenado de informes de las detenciones y proporción de datos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para integrar correctamente las carpetas de investigación de los delitos a imputarse.