Redacción
Poza Rica, Ver.- A poco más de un mes de la explosión de Pemex, que causó la muerte de cinco personas, continúa la disputa de lotes y el cobro de cuotas a las familias que tienen invadido el terreno de la empresa Petróleos Mexicanos en la colonia La Barita.
A pesar del fallecimiento de cinco víctimas, y ante la falta de intervención de las autoridades, se han creado cuatro grupos de “líderes” que pretenden tener el control absoluto de las ventas de los predios y los cobros de las cuotas que imponen por las reuniones y faenas en el asentamiento irregular.
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El pasado 20 de julio, por un desfogue de gas de una de las líneas de Pemex que alcanzó un fogón de una de las casas, ocurrió una explosión que quemó y días después causó la muerte de la niña de 3 años de edad, Zoe Alejandra, su mamá Ana Gabriela Morales y de su padrastro, Servando Vega, así como de la joven Cristina Martínez San Juan y de un amigo de ellos, Pedro Ruiz Luna.
A cuatro semanas después del siniestro, los dirigentes Miguel Zupa Hernández, Isabel García Palomares, Miguel Leyton Burgos y Jorge Perales a quien identifican como El Pastor, mantienen los cobros por las reventas de solares y las cooperaciones para presuntamente legalizar la propiedad Petróleos Mexicanos y convertirlo en una colonia formal y legalmente reconocida por el gobierno.
De acuerdo con datos proporcionados por algunos vecinos, quien por su seguridad pidieron anonimato, pero mostraron un documento en el especifican que estas cuatro personas, abusando la necesidad de las familias, comercializan los lotes a precios “accesibles” que van desde los 5 mil o hasta los 35 mil pesos.
La única condición que imponen a los “compradores” es que deben asistir a las reuniones que celebran cada domingo, y por cada persona que esté presente les piden una aportación de 25 a 30 pesos para presuntamente continuar con los trámites de regularización del terreno.
En caso de no asistir a las juntas, la multa asciende a 100 pesos, pero en ningún momento expiden comprobantes o documentos que comprueben las aportaciones económicas, pero sí tienen un registro de los “asistentes” que aparecen en una libreta al que denominan “la bitácora”.
En otro cuadernillo tienen una lista de entre 80 a 90 ciudadanos que cada mes, les piden pagar 200 pesos por el suministro de agua, y otros 250 pesos por el consumo de energía eléctrica. Pero por cada refrigerador, televisión o ventilador, le incrementan 50 pesos más como cobro extra.
En caso de que alguna familia deje de pagar por estos servicios básicos, inmediatamente les suspenden el suministro del vital líquido o la luz, e incluso hay casos en que a las personas les quitan los predios que les vendieron y hasta los desalojan por incumplir con los pagos.