Por José Martín
Poza Rica, Ver.- La Fiscalía General del Estado (FGE) retomó el caso de los ex elementos de la Policía Intermunicipal Poza Rica – Tihuatlán – Coatzintla (PIPTC) para esclarecer la presunta falsificación de firmas con el que ex funcionarios priistas habrían cobrado 9 millones de pesos.
La mañana de este martes 14 de abril, los ex policías asistieron a una audiencia con el Fiscal del Séptimo Distrito, José Ulises Limón Sánchez para solicitar la asignación de un perito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia (UIPJ) de la FGE que se encargará de verificar las firmas caligráficas de cada uno de los defraudados, y en su caso confirmar o descartar la falsificación de identidad.
El asesor jurídico de un grupo de ex intermunicipales, Adder Óscar Juárez Téllez indicó que en el caso de los ex agentes que, por discapacidad o complicaciones de sus enfermedades, crónicos –degenerativos que les impide caminar, tendrán que pagar los viáticos del personal de servicios periciales para que los visiten en sus domicilios y aporten más datos que coadyuven al esclarecimiento a este caso.
Son más de 9 millones de pesos los que habrían cobrado los ex funcionarios de la SSP de Veracruz a nombre de los ex integrantes de la PIPTC que en el 2015 fueron despedidos, sin liquidación alguna, tras la llegada de la “Fuerza Civil”.
La denuncia, interpuesta desde octubre del 2019, fue en contra de quien o quienes resulten responsables de la administración del ex gobernador priista, Javier Duarte de Ochoa, por delitos de falsificación de firmas en más de 400 cheques que habían sido destinados para “liquidar” a los ex policías despedidos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Tras la audiencia realizada, los denunciantes afirmaron que esperan que la FGE les dé el fallo a su favor para que los ex policías reciban, por menos, que la SSP del Estado les devuelvan los montos que les correspondía a cada uno, y quizá un estímulo adicional por los cinco años que han mantenido la lucha social.
